El amigo y profesor Vera nos dice que desde su origen como fenómeno social generalizado, el desarrollo de la actividad turística tiene uno de su efectos inmediatos en la creación de oferta de alojamiento en sus diferentes facetas, hotelera o residencial, hecho que genera una relación directa entre el sector inmobiliario y de la construcción con el de los servicios turísticos.

En el entorno de la provincia de Cádiz, desarrollo turístico y crecimiento inmobiliario han ido de la mano desde los primeros años sesenta, definiendo un carácter marcadamente residencial en la oferta provincial, que ocupa enormes extensiones del territorio litoral y que se derrama igualmente en algunos municipios no costeros que dependen funcionalmente de los primeros. Con algunos matices en cuanto al modelo de implantación sobre el territorio, los municipios gaditanos y sus administraciones locales concibieron la necesidad de creación de oferta de alojamiento, a partir de la construcción de hoteles, apartamentos o villas unifamiliares, como un fin en sí mismo capaz de generar fuertes beneficios a corto y medio plazo.

El satisfacer los requerimientos de la demanda nacional y extranjera de nuevos espacios de alojamiento fue el motivo inicial para del desarrollo de empresas y sociedades dedicadas al negocio de la construcción, que aprovecharon las ventajas comparativas de un entorno de inmejorables condiciones climáticas y de un paisaje natural y agrícola todavía poco alterado por la urbanización.

En este contexto, las nuevas iniciativas edificatorias también se vieron beneficiadas por la postura favorable de las administraciones locales, que veían incrementada de forma súbita la dinámica económica de su municipio por la propia actividad constructiva, con rápidos incrementos demográficos y de consumo comercial; a todo lo cual ha de añadirse los ingentes ingresos inmediatos en la hacienda local en concepto de licencias, tasas por transacciones comerciales y otros impuestos en forma de tributos sobre bienes inmuebles.

De esta situación, hemos pasado a la proliferación de la oferta de este tipo de alojamientos, llamadas en la mayoria de las veces “Viviendas Turísticas” en algunas zonas de playa y en ciertas ciudades. Perfectamente hoy comercializadas por las nuevas redes sociales. Este nuevo panorama, ha llevado al Gobierno central a reforzar la legislación sobre este sector, el cual mueve cientos de millones de euros al año. La medida más destacada es la entrada en vigor desde el mes de julio del denominado modelo 179, una norma estatal que obliga a las plataformas tecnológicas como Airbnb, Homeway, Wimdu o Booking a suministrar al Ministerio de Hacienda los datos fiscales derivados de dicha actividad. En Andalucía, la Junta exige desde 2016 que se inscriban las viviendas con fines turísticos en un registro a fin de cubrir un vacío legal y, en consecuencia, evitar el fraude, el intrusismo y la competencia desleal con los establecimientos hoteleros. En algunas comunidades, existen problemas de convivencia e incluso de turismofobia como está sucediendo en Cataluña, Baleares y, en menor medida, Madrid. Importante problema con el que se enfrentan.

Los actores implicados en este asunto son variopintos: desde particulares y profesionales hasta fondos de inversión, pasando por grupos hoteleros, Administraciones Públicas, vecinos y plataformas digitales. Cada uno de ellos tiene intereses diferentes –en algunos casos opuestos-, pero en lo que coinciden casi todos es en que hay que regular más el sector y acabar con la oferta clandestina, porque los inmuebles ilegales escapan al fisco y se genera una competencia desleal contra el sector turístico reglado y contra las propias empresas que se dedican legalmente a este negocio. A ello se suma, según lamentan los más críticos, que se están produciendo problemas de convivencia y un encarecimiento desmedido de los precios, lo cual estaría desplazando a población residente del acceso a una vivienda en en centro urbano, teniéndose que trasladar al extrarradio.

Antonio Arcas de los Reyes
Doctor en Economía.
Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Cádiz.
Experto en Turismo.